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Walmart es la principal cadena de tiendas en El Salvador y Centroamérica desde que adquirió hace casi 10 años las Despensas Familiares, Despensas de Don Juan e Hiper Paiz. Walmart había comprado todos sus supermercados ya construidos, pero en 2007 empezaron sus esfuerzos por construir  un Hiper mercado en las faldas del Volcán de San Salvador en San Ramón, Municipio de Mejicanos.

La ladera del volcán de San Salvador, es una zona con graves riesgos por inundaciones y deslaves. En 1934 se registró un deslave, sin registro de victimas al estar esa zona deshabitada. En Septiembre de 1982 cerca de 300 personas murieron tras un deslave que sepultó varias colonias de San Ramón. En 2008, las lluvias provocaron un desprendimiento de ladera y rocas de gran tamaño estuvieron cerca de crear una nueva desgracia.

Los cambios de gobierno municipal tras las elecciones de 2012, permitieron a Walmart iniciar la construcción que había sido rechazada por las comunidades, y que la municipalidad no había autorizado ante la negativa de  compañía de realizar obras de mitigación ambiental.  En 2012, dos juicios contra WalMart iniciaron en EE.UU. bajo la Ley que prohíbe prácticas corruptas en el extranjero dado que WalMex, la división México – Centroamérica, habría pagado cerca de 24 millones de dólares en sobornos para obtener permisos de construcción en México. Walmex, es la misma división que esta construyendo un Hyper mercado en las laderas del Volcán de San Salvador en Mejicanos.

Las comunidades salvadoreñas en el volcán de San Salvador, han luchado contra los riesgos que provocará la construcción de Walmart. Y ahora, estamos uniendo esfuerzos a los de otras comunidades y de trabajadores y trabajadoras de Walmart en muchas partes del mundo.

Existen fuertes presunciones que Walmart también podría haber usado sobornos para obtener los permisos de construcción en Mejicanos, mediante la financiación de campañas electorales municipales de candidatos más proclives de otorgarle los permisos de construcción. Aparte de ser una acción que pone en peligro la vida de miles de personas, la conducta de Walmart de comprobarse, sería una grave amenaza a la democracia salvadoreña y al ordenamiento jurídico, legal e institucional. Si tienes información, ayúdanos a recopilarla entrando a la página www.abusosmart.org tu testimonio será confidencial y podría ser usada en el juicio contra Walmart en Estados Unidos. También se podría recompensar a quienes proporcionen información para comprobar prácticas corruptas.

¡Exigimos que WalMart cumpla con sus promesas a las comunidades!

Tienes información sobre presuntos sobornos para obtener los permisos de construcción, DENUNCIALO! en:

www.ABUSOSMART.org

Obras de mitigación ¡YA!

• La Ley de Asocios Publico-Privados fue aprobada el pasado jueves 23 de Mayo de 2013 con 84 votos, y la concurrencia de todas las fracciones legislativas.
• Consideramos que el FMLN impulsó cambios que disminuyen algunos de los riesgos de privatización y de efectos negativos en los consumidores, trabajadores y finanzas del Estado. Por ejemplo, excluir los servicios de educación, salud, seguridad, agua y la UES; así como someter a aprobación legislativa cada APP, tanto en sus contratos finales como en sus bases de licitación.
• Sin embargo, pese a que la versión aprobada,  disminuyen la negatividad de la Ley con respecto a su versión original; en su esencia, sigue siendo una amenaza de privatización en tanto una mayoría parlamentaria coyuntural (sumando votos de la derecha parlamentaria, lo que es posible en cualquier momento de ésta y de otras legislaturas) podría eliminar las salvaguardas que el partido FMLN introdujo en la misma, o incluso, incluir aquellos servicios como salud, seguridad y educación que fueron excluidos en esta versión de la Ley.
• Consideramos que la salvaguarda de los derechos laborales sufrió un retroceso con respecto a la Ley LACAP debido a que se permite subcontratar todos los servicios de un Asocio Público Privado (lo cual no era permitido por la Ley LACAP) y que un contrato de concesión no se puede dar por finalizado por infracciones recurrentes a los derechos laborales.
• Consideramos un precedente nefasto la inclusión en la Ley el concepto de APP`s “AUTOSOSTENIBLES” eso quiere decir que se cobrará a la población por los servicios públicos administrados por los privados, a precios que garanticen para este una “rentabilidad adecuada al riesgo que asume correspondiente a las condiciones de mercado”. Con esto los privados impondrán precios por los servicios de los APP más allá del retorno de la inversión, sino también cobrando por los servicios públicos, altos precios que les proporcionen mucho más que una ganancia razonable. En esta forma los Servicios Públicos proporcionados por los APP pasarán a la esfera del mercado.
• Permitir modalidades privatizadoras en sectores que no son esenciales, no evitará los impactos en las grandes mayorías. Los aumentos de cobros a los servicios como energía, aeropuertos, puertos y carreteras, acabaran impactando también en los bolsillos de las grandes mayorías, ya que los bienes de consumo básico necesitan transportarse y son impactados por el aumento de los cobros y por los aumentos de los precios de la energía.
• Especialmente, creemos que la concesión de la construcción y operación de una nueva terminal aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional El Salvador, AIES, debe ser objeto de una vigilancia permanente de las organizaciones sindicales y actuar de manera inmediata a nivel de la Asamblea Legislativa, en caso que las bases de licitación o contrato de construcción y operación, afecten los derechos laborales, los derechos a la libre competencia y a la libre elección de los consumidores de los servicios más convenientes. De la misma atención, debe ser objeto la eventual concesión del puerto de Cutuco y/o Acajutla.
• Creemos que las energías limpias y de bajo costo, entre ellas la energía eólica y la energía geotérmica, son un sector Estrategico, que deben estar en manos del Estado y que de existir inversión privada, esta debe ser en condiciones que no se apropien o controlen estos bienes. El viento y la geotermia, son de los pocos recursos naturales que posee El Salvador para obtener energía y deben ser explotados de manera racional y en beneficio de la población.
• Fundamentalmente, creemos que el problema de la falta de recursos en el Estado debe superarse de manera integral y sostenible en base a tres ejes:

1. Reforma Fiscal Integral: Donde los grandes capitales paguen más y las clases de ingresos medios y bajos paguen menos. Combatir la evasión y la elusión (fraude) fiscal especialmente de las grandes empresas que actúan como colectoras del impuesto al consumo (IVA)
2. Repensar la inserción de El Salvador en las relaciones económicas comerciales y globales: Eliminando los acreedores caros e intervencionistas como el FMI, BM y BID, o aquellos supuestos donantes (Como la Cuenta Reto del Milenio de EE.UU.) que intervienen en los asuntos internos del país y privilegiando las alianzas económicas y comerciales con el ALBA, Petrocaribe, Mercosur, CELAC y el grupo de países llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica).
3. Aumentar el crecimiento económico mediante una política salarial progresista: Para mejorar los ingresos fiscales, es necesario incentivar el mercado interno por vía de la demanda, mediante una política de expansión salarial especialmente entre los trabajadores de la empresa privada, aumentando los salarios mínimos, la negociación colectiva y la tasa de sindicalización,  para aumentar la capacidad de la clase trabajadora salvadoreña de procurarse condiciones dignas de alimentación, vivienda, salud, educación y recreación.

Animamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y populares a seguir luchando contra la privatización, monitoreando y actuando proactivamente ante cada iniciativa de APP´s que llegue a la Asamblea Legislativa y exigiendo que se anteponga ante todo, los intereses de la población trabajadora.

Finalmente, agradecemos a todas las personas y organizaciones, dentro y fuera de El Salvador, que mostraron su solidaridad y rechazo a la iniciativa privatizadora denominada Ley de Asocios Público-Privados.

JUNIO 2013

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS Y APOYO LABORAL, CEAL

• Es un proyecto de dominación impulsado por el Gobierno de Estados Unidos para favorecer que las multinancionales norteamericanas controlen los pocos recursos que quedan en nuestros países. Esta siendo implementado en América Latina en los países con gobiernos pro-norteamericanos y en El Salvador bajo el llamado “Asocio para el Crecimiento”.
• El modelo NO ES NUEVO YA EXISTE y ha traído graves perjuicios a los intereses nacionales, solo basta ver el caso de la GEO-ENEL en donde esta en peligro perder el recurso de la energía en el sub suelo y donde también se han puesto en grave riesgo los pocos recursos naturales que cuenta nuestro país.
• El anteproyecto de Ley APP fue creado en el Consejo Económico y Social CES donde no hay representatividad legítima de los sectores sociales, sindicales ni populares. Entra en contradicción con la Ley LACAP que ya regula las Obras Públicas, Suministros  Consultorías, Concesiones y Arrendamientos en todo el aparato estatal incluyendo autónomas y alcaldías. La LACAP ya brinda el marco legal para atraer inversión extranjera. En todo caso solo debe mejorarse.
• Los APP serían “AUTOSOSTENIBLES” con lo cual se refiere que se sostendrán con los ingresos de tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios, los cuales deben cubrir los costos de operación más una “rentabilidad adecuada al riesgo que asume” (el ente privado) “correspondiente a las condiciones de mercado”. El problema no es sacar la Educación, la Salud y la Seguridad de la Ley de APP sino que por los servicios entregados a los privados se cobrará a la población.
• Aunque se presentan como una alternativa a que los inversionistas financien las obras que no alcanza a cubrir el Estado, en realidad es un nuevo gasto en tanto el Anteproyecto establece que se destinará hasta el 8% del Presupuesto Nacional (1%) del PIB para Co-Financiar APP´s que se entregarán a los privados.
• Los Derechos Laborales Básicos y Libertades sindicales son mencionados solo cosméticamente, como en el CAFTA. Un inversionista no puede perder un contrato si viola estos derechos de manera recurrente, también establece retrocesos a aspectos que ya la Ley LACAP ha regulado aunque de manera insuficiente en cuanto a derechos laborales.
• Daría un poder factico a la oficina PROESA por sobre encima de las autoridades municipales, y sobre otros poderes del Estado en toda licitación que sobrepase 45 mil salarios mínimos (aproximadamente 10 millones de dólares). Las bienes de uso público o bienes fiscales entregados a los privados podría ser por plazos de hasta 40 años.
• Crearía más burocracia al crear un nuevo ente fiscalizador de los APP (el OFAPP) que de paso entraría en contradicción con la Corte de Cuentas, las Superintendencias y otros entes reguladores del Estado.
• La Crisis Económica Mundial que enfrentamos es fruto de la “Codicia” de los Capitalistas y de la baja capacidad adquisitiva de la Clase Trabajadora. No podemos esperar nuevas soluciones apostando a los viejos paradigmas neoliberales que han demostrado su fracaso y nos han llevado a la actual situación.
• Proyectos como el ALBA no han necesitado la ley de APP para promover el desarrollo social en beneficio de los sectores más necesitados. Mientras que en Cuba la Ley 77 para atraer inversiones extranjeras establece que los bienes de las empresas extranjeras que invierten en ese país pueden ser expropiados por motivos de “Utilidad Pública o Interés Social declarados por el gobierno” y se grava a las inversiones extranjeras con impuestos sobre la renta del 30% (y hasta del 50% si explotan bienes no renovables). Asimismo con 14% sobre la renta para la Seguridad Social y del 11% por el uso de la fuerza de trabajo nacional que se dedica para educación. Es decir los inversionistas extranjeros en Cuba pagan entre el 55% y 75% de impuestos de sus ganancias y aún así han llegado a invertir grandes cadenas hoteleras y empresas petroleras.

- DIGAMOS NO AL NUEVO SAQUEO, NO AL ANTEPROYECTO DE LEY APP -

HAGAMOS PATRIA ANTEPONIENDO LOS INTERES DE LAS MAYORÍAS POPULARES A LOS INTERESES DE LAS MULTINACIONALES.

PARA DIFUNDIR:

VERSIÓN ILUSTRADA EN PDF: 10RazonesNoAPP-Ilustrado

VERSIÓN TEXTO EN PDF 10razonesNoalAPP

Este día, el Frente Sindical Salvadoreño, la Confederación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CONFUERSA, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria de El Salvador Similares y Conexos SITIAPES- entre otras – realizaron una acción de protesta frente a las oficinas administrativas de la CEPA para exponer que la anunciada modernización del Aeropuerto no se puede construir con base a la discriminación laboral y a la violación a los derechos laborales y las libertades sindicales.  Hace unos días se anunció el financiamiento de una ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador mediante la llamada “titularización” por un valor de $58 millones de dólares. Sin embargo, mientras se hacen grandes planes para la terminal aérea, varias empresas privadas que actualmente son subcontratadas por CEPA en el AIES tienen un largo expediente de infracciones a las Leyes laborales y pese a la obligación legal de evitar la infracción a las leyes salvadoreñas, CEPA ha sido poco efectiva en hacer que estas empresas cumplan las mismas resoluciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social entre otros entes estatales.

LA MODERNIZACIÓN NO PUEDE CONSTRUIRSE SOBRE LA DISCRIMINACIÓN

Si CEPA ha sido incapaz de hacer cumplir las Leyes laborales y las resoluciones del Ministerio de Trabajo en favor de los trabajadores ¿Cómo puede esperarse que hará cumplir las leyes si concesiona más operaciones, o la misma terminal aérea a consorcios internacionales? Obviamente, el principal obstáculo para sus planes son sus propias limitantes.

Es por eso que las organizaciones sindicales acudieron a la Junta Directiva -máxima autoridad de la CEPA-, luego que de una reunión sostenida con el presidente de esta Autónoma, el pasado 23 de enero del corriente año, el Dr. Alberto Arene conformó una comisión conformada por los funcionarios: Francisco Martínez, asesor laboral; Dina Saca, Gerente Administrativo del AIES, Marco Cativo, encargado de bienestar laboral y la Gerente del Dpto. Legal del AIES, para atender una serie de problemáticas. Esa comisión no produjo ningún avance en la solución a los problemas. Lejos de eso, comentaron los sindicalistas que les han respondido con evasivas, suspensión de varias reuniones y finalmente les manifestaron que CEPA quieren tomar distancia de los problemas laborales en las empresas subcontratadas, lo cual violentaría las bases de licitación, los contratos, la Ley LACAP, la Ley de Aviación Civil, y el Código de Trabajo, todos instrumentos legales que obligan a CEPA a garantizar el cumplimiento de las Leyes – incluyendo las laborales-  a aquellas empresas con las cuales subcontrata operaciones Aeroportuarias cómo carga, seguridad y limpieza, entre otras.

El caso de AERODESPACHOS y su subcontratista CONINSERV (H A consultores inversiones y servicios) es el más grave de todos los casos denunciados, dado que esa empresa ha violado sistemáticamente los derechos laborales y despedido a 96 trabajadores para no negociar un contrato colectivo, CEPA ha prorrogado en dos ocasiones sus contratos, a pesar de existir causales legales de sobra para no hacerlo, tras haber determinado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que esta empresa cometió por lo menos 181 infracciones a diversas Leyes laborales. Esto ha sido del conocimiento de CEPA en todo momento y la falta de inacción de la autónoma, amenaza en convertirse en complicidad.

Secretaria General de FUERSA y dirigentes de SITIAPES brindan declaraciones a la prensa.

Por otra parte la empresa AEROJET ha iniciado con la misma dinámica despidiendo a 3 dirigentes sindicales de manera ilegal, al no seguir el debido proceso, cosa que ha sido señalada también por el Ministerio de Trabajo. La empresa se niega a corregir y CEPA se niega a exigir ella el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo.

Las organizaciones han venido denunciando que la Empresa Estatal Autónoma CEPA desde el año 2001, es participé de la discriminación y aplicación de un doble estándar a los trabajadores del AIES, pues posé una gran cantidad de trabajadores sub contratados en las áreas de Seguridad, Carga, Limpieza entre otras. Aunque muchas de estas trabajadoras y trabajadores usan uniformes que dicen “CEPA” en un logo a la altura del pecho, en realidad son contratados por empresas privadas subcontratistas tercerizadas. Estos trabajadores no pueden acumular antigüedad, pues sus contratos se renuevan todos los años y eso les perjudica en aguinaldos, prestaciones y otros, poseen salarios, prestaciones, uniformes, calzado y equipo de seguridad -en menor cantidad y de inferior calidad- que el proporcionado a los trabajadores contratados por CEPA.

CEPA violenta el principio laboral básico de IGUAL SALARIO POR IGUAL TRABAJO al ser responsable de un doble estándar con los trabajadores que laboran en las operaciones aeroportuarias.

La Estatal Autónoma CEPA tiene el poder de exigir a las empresas subcontratistas mediante las bases de licitación, condiciones decentes para los trabajadores, en condiciones de igualdad con los demás trabajadores contratados directamente por CEPA eliminando la discriminación y cumplir con el principio de “igual trabajo, por igual salario”. Pero no lo hace. También CEPA podría contratar directamente a los trabajadores que sufren el doble estándar y que laboran para ella en el AIES, pero tampoco lo hace, y por eso la discriminación en contra de los trabajadores subcontratados persiste y se agrava cada día.

La modernización del Aeropuerto no solo debe procurar la satisfacción de las grandes empresas de aviación. Siendo los trabajadores la base de la operatividad, productividad y seguridad, no puede construirse una terminal segura y moderna sobre el sufrimiento y discriminación de miles de trabajadores subcontratados.

CEPA puede poner fin a la discriminación laboral en el Aeropuerto y no lo hace.

En base a todo lo anterior, las organizaciones sindicales exigieron a la Junta Directiva de CEPA que sesionaba en ese momento en un Hotel capitalino (cuando usualmente sesionan en la Sala de Sesiones de la JD en la Torre Roble) que enviará a un representante a recibir una carta en la cual plantearon sus demandas, las cuales se detallan a continuación:

-       Terminar definitivamente con el contrato con la empresa AERODESPACHOS DE EL SALVADOR y no permitir que otra empresa con vínculos a esta llamada CONINSERV (H A Consultores, Inversiones y Servicios S.A. de C.V.) sigan desarrollando sus operaciones en el AIES y la nueva empresa a que se le otorgue el contrato, debe contratar a los 96 trabajadores despedidos.

-       Hacer cumplir la ley a la empresa AEROJET, acorde a las recomendaciones de reinstalo del Ministerio de Trabajo en el caso del despido ilegal de directivos sindicales.

-       Igualar mediante las bases de licitación, las condiciones laborales, salariales, prestaciones, uniformes de los trabajadores subcontratados en las áreas de seguridad, carga, limpieza y demás del AIES, o preferiblemente proceder a la contratación directa por parte de CEPA.

Finalmente solicitaron establecer al enviado, el señor Salvador Villalobos, (Gerente de CEPA y Secretario de Actas de la Junta Directiva) un calendario de reuniones para dar seguimento a estos puntos.

SITIAPES exigió Contratación Directa y fin a la tercerización y discriminación.

* * * * *

MANIFIESTO PÚBLICO

Federaciones miembros de CONFUERSA (Confederación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador y demás organizaciones aglutinadas en el FRENTE SINDICAL SALVADOREÑO F.S.S. en relación a:

A) La Ley de la Carrera Administrativa Municipal, B) borrador de la Ley de la Función Pública, C) Paquete de reformas para aumentar la inversión extranjera y D) Anteproyecto de Ley de Asocios Público Privados.

Que en un ejercicio responsable de análisis y discusión de diversas iniciativas de nuevas leyes, reformas, o leyes ya vigentes en el país, como organizaciones sindicales representativas de la Clase Trabajadora Salvadoreña, hemos identificado las siguientes afectaciones a nuestros intereses:

A) LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL:

-       Esta Ley que data del aQue nos preocupa que las reformas planteadas por el Ejecutivo no traigan  han visto afectado por las deficiencias en las prestacño 2006, ha demostrado durante más de 6 años de aplicación que consta con graves vacíos legales que permiten afectaciones directas a los intereses de los trabajadores y trabajadoras municipales y a sus derechos nacional e internacionalmente reconocidos.

-       Que los más recientes cambios de gobiernos municipales en el año 2012, han demostrado nuevamente estos vacíos los cuales han permitido nuevamente los despidos masivos, el irrespeto a la estabilidad laboral, y la violación a la carrera administrativa municipal, trayendo graves perjuicios a miles de familias salvadoreñas que dependen de los empleos municipales.

-       Que los intereses de los habitantes de muchos municipios salvadoreños, se han visto afectado por las deficiencias en las prestaciones de servicios municipales, debido a las medidas anti laborales de las autoridades municipales al prescindir de manera arbitraria de miles de trabajadores y trabajadoras que habían acumulado experiencia en el servicio a la comunidad.

B) BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:

-       Hemos identificado que el borrador de la Ley de la Función Pública preparado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, pese a plantear aspectos y modalidades novedosas, modernas y progresistas, estas vienen entrelazadas con disposiciones que de llegar a convertirse en realidad, afectarían negativamente la estabilidad laboral, la negociación de contratos colectivos, la libertad sindical, el debido proceso y varias disposiciones nacionales e internacionales vigentes en materia de derechos laborales y humanos.

-       Que estas disposiciones afectarían no solo a empleados del sector estatal sino acabarían perjudicando a los trabajadores del sector privado y a la ciudadanía en general.

-       Reconocemos que se esté realizando una consulta amplia sobre este tema y que esperamos que las propuestas y preocupaciones de grandes sectores de la sociedad, sean sistematizados y tomados en cuenta antes de que este esfuerzo se convierta en una Ley.

C) PAQUETE DE REFORMAS PARA ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO AL LEGISLATIVO:

-       Que estas propuestas no fueron consultadas con amplios sectores laborales pues no estamos representados en el CES, y aunque fuimos convocados a consultas a la Asamblea Legislativa, la mayoría y  las más importantes de nuestras observaciones no fueron tomadas en cuenta.

-       Que según los estudios de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la Ley de Zonas Francas y de Servicios Internacionales así como otros incentivos a la inversión representaron para el año 2010 un costo para el Estado de cerca de 577 millones de dólares, es decir el 55% del gasto tributario. Estos fondos, para nosotros son recursos que la población salvadoreña otorga a inversionistas nacionales y extranjeros en una modalidad de subsidio, ya que al no ingresar a las arcas del Estado, no se pueden realizar obras sociales.

-       Que muchas de las empresas beneficiarias de exenciones fiscales, a pesar de recibir estos beneficios no están cumpliendo las leyes laborales. Un ejemplo palpable es el de las empresas ATENTO EL SALVADOR S.A. de C.V. y AERODESPACHOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. tienen expedientes bastante extensos en el departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo, con una enorme cantidad de denuncias y trámites de multa por infracciones en casos de despidos de dirigentes sindicales, condiciones deplorables de trabajo, falta de pago de salarios, horas extras, vacaciones entre otras prestaciones. Estas empresas -como muchas- prefiere pagar multas (que para ellos son risibles) por las infracciones y no corregirlas tal como dictan las resoluciones del Ministerio de Trabajo.

-       Según el art. 50 de la Ley de Servicios Internacionales, “cuando se infringiere la obligación de (…) las respectivas resoluciones emitidas por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la autoridad correspondiente (…) deberán ser notificadas al Ministro de Economía, a fin que éste decida si procede la suspensión temporal de los beneficios por un período de tres meses, y, en caso de reincidencia atribuible al beneficiario, el Ministro decretará la revocatoria de los beneficios”. Esto implica que empresas cómo ATENTO EL SALVADOR S.A. DE C.V. Y AERODESPACHOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. ya no debería gozar de los beneficios fiscales y arancelarios bajo la Ley de Servicios Internacionales, pues les deberían haber sido no solo suspendidos temporalmente sino que revocados. Este caso, como muchos otros, indican que es necesario evitar que empresas que violentan derechos laborales sigan recibiendo estos beneficios y por tanto, que es necesario mejorar los mecanismos sancionatorios existentes.

D) EN CUANTO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADOS (APP),

-       Que esta propuesta no han sido consultada con amplios sectores laborales pues la mayoría no estamos representados en el CES. Por lo tanto, no tendría legitimidad, ya que la clase trabajadora formamos la más amplia mayoría en este país.

-       Nos preocupa sobre manera que existen indicios de inconstitucionalidad al darle a PROESA facultades que podrían invadir la independencia de poderes, y la autonomía municipal. Asimismo se creará un organismo fiscalizador llamado OFAPP que aparte de aumentar la burocracia, entraría en duplicidad de funciones con la Corte de Cuentas, la SIGET, la Autoridad Marítima Portuaria, y con otros entes contralores y reguladores del Estado.

-       También y  pese a que la modalidad APP ha sido presentada como una alternativa para que el Estado reduzca los gastos de inversiones, hemos visto con sorpresa que incluye la necesidad que el Estado haga erogaciones equivalentes al 1% del PIB o el 8% del Presupuesto Nacional para Proyectos que serán administrados por los socios privados, lo cual es a todas luces una contradicción con el principal objetivo de esta modalidad y va en el camino contrario a la urgente necesidad de una Reforma Fiscal Progresiva.

-       Igualmente nos preocupa que el anteproyecto de Ley de los APP establece un retroceso en materia de derechos laborales con respecto a la actual Ley LACAP debido a que no contempla la finalización de los contratos cuando se violentan los derechos laborales, aparte de que la nueva regulación permitiría la SUBCONTRATACIÓN de las actividades concesionadas, lo cual no es permitido por la actual Ley LACAP.

-       Finalmente el concepto de AUTOSOSTENIBILIDAD que plantea el anteproyecto en mención, es claramente un modelo de PRIVATIZACIÓN ya que implica que los APP se sostendrán con los ingresos, tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios, los cuales deberán cubrir los costos de operación más una “rentabilidad adecuada al riesgo que asume” -el ente privado- “correspondiente a las condiciones de mercado”. Al no establecer parámetros de esa “rentabilidad”, deja al libre albedrío de la especulación empresarial la fijación de precios. En pocas palabras, la ciudadanía tendría que pagar altos precios, por servicios que le presten los entes bajo la modalidad APP. Un riesgo adicional de este Anteproyecto de Ley podría estar vinculada a dejar en manos de empresas multinacionales, la explotación de los recursos nacionales, por ejemplo la energía geotérmica, la explotación minera, entre otros.

A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA SOLICITAMOS.

Abrir en el más breve plazo, una mesa de discusión con representantes de nuestras Federaciones; FUERSA, FESIPAES, FESITRAM aglutinadas en la Confederación de Unidad Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CONFUERSA, en el Frente Sindical Salvadoreño, FSS y en otras instancias que representan los intereses de la clase trabajadora. Llevar a esta mesa de discusión, las propuestas de reformas del llamado “Paquete de leyes para atraer la inversión extranjera” y en este espacio analizar el impacto fiscal que tendrán en las arcas del Estado, así como la pertinencia de otorgar beneficios a empresas que demuestran irrespeto por los derechos laborales, y la necesidad de mejorar los mecanismos para suspender o revocar los beneficios a las empresas que no cumplen con las leyes nacionales. Los resultados que esperaríamos de este ejercicio sería que nuestras observaciones sean incorporadas en el texto de las reformas, en caso de ser aprobadas.

No aprobar el Anteproyecto de Ley de Asocios Público Privados por ser nocivo para la independencia de poderes, para la autonomía municipal, para  el Estado Constitucional de Derecho, y porque aparte de hacer incurrir al Estado en más gastos para financiar inversiones que serán administradas por privados, también hará que la población tenga que pagar por servicios prestados por estos. El reciente caso de la GEO-ENEL demuestra lo inconveniente que es para el país este tipo de modalidades de inversión, pues el pueblo termia pagando con los impuestos, los negocios que luego son entregados a las multinacionales predadoras.

AL ORGANO EJECUTIVO SOLICITAMOS.

Cumplir con el espíritu del Foro para la Concertación Económico y Social FCES establecido en los Acuerdos de Paz de Chapultepec hace ya 21 años y que hasta la fecha y desde 1993, no se encuentra funcionado. Las resoluciones del Foro para la Concertación, son vinculantes a diferencia de las emitidas por los actuales organismos como el CES, que son únicamente consultivos y que no reflejan los intereses de los grandes sectores populares.

Vetar por inconvenientes las reformas a la Ley de Zonas Francas por que no incluye mecanismos expeditos para revocar los beneficios a empresas que violen las leyes laborales y porque mantendrá por 12 años las exenciones al Impuesto sobre la Renta a las ganancias de las empresas ubicadas en este régimen, y por 15 años la exención al IVA y a los impuestos municipales. Esto es el equivalente a un subsidio a las empresas exportadoras, en detrimento de los ingresos del Estado. También es una forma de evadir los compromisos en materia de comercio internacional que el mismo Estado salvadoreño ha adquirido.

AL PUEBLO SALVADOREÑO Y DEMAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POPULARES Y SOCIALES.

Llamamos a pronunciarnos ante la posible afectación de los intereses de la Clase Trabajadora y de las grandes mayorías populares del campo y la ciudad, asimismo a cerrar filas y hacer redoblar nuestros esfuerzos PARA LA UNIDAD de las organizaciones sindicales, sociales y populares para promover:

1. Una REFORMA FISCAL PROGRESIVA donde los que tienen más paguen más (aplicando el principio de equidad), para dar viabilidad a un Estado que sea buen empleador y eficiente en las políticas sociales en beneficio de los sectores más necesitados.
2. Mecanismos eficientes para la eliminación de beneficios fiscales a las empresas que violentan los derechos de trabajadores y consumidores.
3. Evitar el aumento del Gasto Tributario en incentivos para la inversión extranjera, buscando atraer al país solo aquellas que demuestren su capacidad real de crear empleos, respetar los derechos laborales y tener capacidad de ser socialmente responsables.
4. El rechazo más completo y rotundo al ANTEPROYECTO DE LEY DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADOS.
5. Una reforma a la Ley Administrativa Municipal para proteger los derechos internacionalmente reconocidos a los trabajadores y trabajadoras de las alcaldías.
6. El cumplimiento de los instrumentos existentes sobre negociación colectiva y libertad sindical haciéndolos efectivos en cuanto a derechos y así garantizar los derechos laborales de los trabajadores estatales y la prestación de servicios de calidad y calidez a la población.
7. La no aprobación del borrador actual de la LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA por contener elementos nocivos a los derechos laborales. Lo cual es a todas luces, un retroceso histórico a las conquistas ganadas, mediante la lucha de la clase trabajadora.
8. Que se reconozca a las familias trabajadoras el derecho a contar con un salario mínimo de al menos $530.00 dólares mensuales, para poder hacerle frente a las necesidades de salud, educación, servicios básicos, vivienda y canasta básica alimentaria.
9. Regularizar al sistema financiero respecto a la tasa de interés y de préstamos hipotecarios para garantizar el acceso a una vivienda digna.

¡¡UNIDOS EN LA LUCHA, POR LOS INTERESES POPULARES!!

FESITRAM, FESIPAES, FUERSA, CONFUERSA, FRENTE SINDICAL SALVADOREÑO Y OTRAS ORGANIZACIONES.

VIDEO: SOlidaridad con jóvenes trabajadores del Aeropuerto

TOMA ACCIÓN YA:  CLICK AQUI

ARTÍCULO EN INGLÉS: CLICK AQUI

El sitio web promocional de AERODESPACHOS de El Salvador muestra a trabajadores cargando aviones, transportando equipaje y dando servicio de motores. Sin embargo, mientras la empresa quiere mostrar su fuerza de trabajo, no está dispuesto a proporcionar condiciones de trabajo seguras y salarios decentes a sus empleados. Y cuando el equipo de trabajadores en la base trato de abordar las cuestiones de seguridad y salud mediante la formación de un sindicato, AERODESPACHOS despedido a 96 empleados, -casi a la totalidad de su personal operativo- trataron así de reducir  el número de trabajadores que buscan afiliarse a un sindicato según la empresa para descalificar sus esfuerzos legalmente.

El Ministerio de Trabajo ha ordenado el reintegro del personal y condenó lo que ha calificado de “graves actos antisindicales.” La empresa no ha cumplido las recomendaciones de la principal autoridad del trabajo.

Desde mayo de 2011, cuando los primeros trabajadores formaron una seccional sindical con SITIAPES (Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria de El Salvador), la empresa se negó a negociar un contrato colectivo a pesar de estar obligado a hacerlo por ser el sindicato mayoritario, solicitando a la sala contenciosa administrativa que revirtiera el proceso iniciado en el Ministerio de Trabajo. La empresa también ignoró órdenes gubernamentales para hacer frente a los riesgos de seguridad.

AERODESPACHOS, opera a través de un contrato con una la empresa estatal autónoma (CEPA) dando asistencia a los vuelos internacionales de las compañías aéreas más importantes, esta operación demanda grandes estándares de seguridad, pero la empresa también sustituyó a algunos de los trabajadores contratados a través de un subcontratista lo cual esta prohibido por la ley. Equipos de protección básico y agua, tampoco son proporcionados a los trabajadores quienes trabajan bajo altas temperaturas en el inclemente clima del Aeropuerto.

Una inspección del gobierno el año pasado encontró las instalaciones inadecuadas y deplorables, incluyendo dormitorios y salas de descanso sucias y deterioradas, sin extintores de incendios, sin contratos individuales de trabajo y sin reglamento interno autorizado.

SITIAPES ha pedido al Ministerio de Trabajo, a la empresa CEPA, y al gobierno de El Salvador hacer que AERODESPACHOS respete las resoluciones gubernamentales y en general haga cumplir la ley, en particular, respetar la libertad sindical y la negociación colectiva.

El contrato de AERODESPACHOS con CEPA está próximo a expirar en marzo de 2013, y SITIAPES está pidiendo que CEPA no debe dar a la empresa un nuevo contrato y que los 96 trabajadores deben ser recontratados por el contratista de reemplazo.

ESCRIBAMOS PARA APOYAR LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES

DE AERODESPACHOS CLICK AQUI

NOTA EN INGLÉS CLICK AQUI

La Seccional Sindical por empresa Aerodespachos de SITIAPES se formó en Mayo 2011. El sindicato solicitó negociar colectivamente a la empresa en Junio 2011 luego de cumplir el requisito que la ley establece de representar el 51% de los trabajadores. Las condiciones de trabajo eran muy malas, no habían condiciones mínimas de respeto en el trabajo y los salarios muy bajos. La empresa Aerodespachos, tiene un contrato con la empresa estatal CEPA para brindar el servicio de asistencia terrestre a los vuelos Internacionales en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Sus clientes son las aerolíneas American, United, Continental, Iberia, Delta, DHL y Taca. La empresa contaba a esa fecha con 110 trabajadores en el Aeropuerto y el sindicato con 96 afiliados.

Entre Junio y Noviembre de 2011, la empresa no se presentó a las convocatorias que hizo el Ministerio de Trabajo para negociar el Contrato Colectivo. Ante esa negativa el sindicato solicitó un “Arbitraje Obligatorio” y el 2 de noviembre empezó a despedir a los trabajadores para intentar reducir el porcentaje de SITIAPES en la empresa. Ese día despidió 17 trabajadores lo que provocó un día de protestas en el Aeropuerto el día 4 de noviembre. A raíz de estas protestas el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en la cual determino una gran cantidad de infracciones a las leyes laborales. La empresa corrigió algunas de estas infracciones, pero no corrigió aquellas relacionadas con el equipo de protección a los trabajadores ni tampoco con terminar la discriminación antisindical. Ante la insistencia del Ministerio de Trabajo en que corrigiera las infracciones, la empresa manifestó que prefería pagar la multa envés de corregir las infracciones, esto funciona legalmente como la aceptación de haber cometido las infracciones. La multa más alta que se puede imponer en El Salvador a los patronos en El Salvado, es de $57.14. También la empresa solicitó a la Corte Suprema de Justicia un amparo para no negociar el contrato colectivo, argumentando que la empresa tenía 164 trabajadores y no 110. Aún con el supuesto número de trabajadores incrementado por la empresa de manera artificial, el sindicato siempre superaba el 51% que establece la ley. La decisión de la Corte esta aún pendiente.

Entre diciembre 2011 y marzo 2012, la empresa despidió otros 9 trabajadores continuando su intención de reducir el porcentaje de afiliados de SITIAPES, para sustituir a los despedidos sub contrató a 20 trabajadores a través de la empresa CONINSERV S.A. de C.V. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP, prohíbe que una empresa sub contratada por el gobierno (como el caso de Aerodespachos) subcontrate a su vez, a otras empresas para prestar el servicio que le ha sido encomendado.

El día 14 de marzo, Aerodespachos despidió a otros 4 trabajadores, esto provocó una reacción del resto de sus compañeros que se materializó en una HUELGA que duró entre el 15 y el 22 de marzo de 2012. Según las leyes salvadoreñas la huelga es un derecho. Según el artículo 528 del Código de Trabajo un motivo legal para la huelga es “La defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores” también el Art. 48 de la Constitución establece que para ejercer el derecho de huelga no se necesita calificación previa de parte de ninguna autoridad. El Art. 546 del CT establece que la autoridad que califica la legalidad de las huelgas son los Jueces Laborales. Y el Art. 551 establece que “La huelga se presume legal, mientras no hubiese sido declarado lo contrario”. Todos estas leyes respaldan la acción de huelga de los trabajadores de Aerodespachos. El día 21 de marzo, el Juez 3o de lo laboral de San Salvador decretó que la huelga no era legal y les dio 48 horas a los trabajadores para regresar a sus labores. Los trabajadores respetuosos de la Ley levantaron la medida el 22 de marzo y se presentaron a trabajar el día 23 de Marzo dentro del plazo establecido por la ley.

Para el día 27 de marzo, la empresa argumentó que las líneas Aéreas IBERIA, AMERICAN, CONTINENTAL Y UNITED le habían manifestado que no quería que personal sindicalizado atendiera sus vuelos. Bajo este argumento Aerodespachos despidió a 60 trabajadores, terminando de despedir así a TODOS los trabajadores sindicalizados. En las instancias judiciales los trabajadores han logrado varias victorias legales para que se les reconozca su pasivo laboral, sin embargo la empresa esta dilatando lo más posible todas y cada una de las etapas procesales en lo que a estas alturas es evidente que es un patrón de conducta anti sindical.

Entre Abril y Diciembre de 2012, la empresa Aerodespachos ha usado también la empresa CONINSERV (H A Consultores Inversiones y Servicios S.A. de C.V.) para triangular operaciones y seguir funcionando bajo contratos de prestación de servicios con CEPA, sin embargo, todos los contratos vencen el día 12 de diciembre de 2012.

Existe suficiente evidencia que la empresa Aerodespachos de El Salvador cometió múltiples infracciones a la ley laboral y a la ley de Licitaciones (LACAP) y que pese a todos los esfuerzos de los sindicatos y del gobierno, la empresa no esta dispuesta a cumplir la ley y establecer una relación normal, constructiva y de respeto con los trabajadores y el sindicato.

Tags: AERODESPACHOS, CEPA, SITIAPES

Los sindicatos SELSA y SITIPA luchan por el fin de la discriminación laboral y condiciones laborales diferenciadas en el grupo LIDO

La empresa LIDO S.A. de C.V. sufrió un duro revés en su intento de disolver por vía judicial al Sindicato de Empresa LIDO S.A. (SELSA) el cual realizó dos huelgas en Junio 2011 y Marzo 2012 para intentar mejoras salariales a las trabajadoras y trabajadores de las empresas LIDO S.A. de C.V. y FAMOLCAS S.A. de C.V. las cuales producen los conocidos productos panificados bajo la marca LIDO.

El Juzgado Tercero de lo Laboral de San Salvador en una resolución de 14 folios emitida el 8 de octubre y notificada el 1 de noviembre de 2012, ha declarado “No ha Lugar” la pretensión de LIDO S.A. de C.V. promovida a través de su apoderado judicial Amilcar Anibal Somoza García de disolver el sindicato por el supuesto motivo de promover huelgas ilegales. El Juez 3º de lo Laboral, en su resolución ha realizado una detallada descripción de cómo el mencionado apoderado patronal “no probó en debida forma el sustrato fáctico que encierra la pretensión”.

A juicio del Juez Tercero de lo laboral, las exposiciones del abogado patronal Amilcar Anibal Somoza García carecieron de peso debido a que: “la prueba de la infracción no puede fundamentarse en suposiciones o sospechas, no puede inferirse o intuirse, sino que (debe) obtenerse directamente, para la aplicación de una sanción pues, no basta que los hechos constitutivos de infracción sean probables o verosímiles sino que deben estar acreditados para ser veraces, lo que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa”. Estas juicios tan categóricos de parte del Juez que conoció el caso, son mucho más extensos en el texto de la resolución y no solo han desdicho la capacidad del abogado patronal de aportar las pruebas en el proceso, sino llevan a la seguridad que sencillamente no existen causa para la disolución del sindicato y que los trabajadores que ejercieron la huelga se apegaron a los procedimientos judiciales y legales. Tan mala fue la argumentación patronal y fuera de toda base legal, que el Juez luego de revisar el voluminoso expediente presentado por la patronal, quizás en el animo de impresionar al impartidor de justicia, considero que ni siquiera tenía que entrar a conocer los alegatos del abogado del sindicato para declarar “No ha Lugar” la petición de LIDO S.A. de C.V.

La gran pregunta en este caso, es cuanto ha gastado las empresas del Grupo LIDO en procesos legales y viscerales que no tienen ninguna perspectiva de éxito ni base legal. Sin embargo, la mala administración, el despilfarro de recursos en disputas judiciales en LIDO S.A. de C.V. no solo abarca el ámbito laboral, sino se extiende a las disputas familiares.

Rio Grande Foods Inc. es el distribuidor de LIDO en Estados Unidos, productos reconocidos entre la comunidad salvadoreña pero producidos en vergonzosas condiciones de trabajo.

Cómo se ha explicado anteriormente, durante la negociación colectiva que se desarrollo a principios de 2012, los representantes de LIDO S.A. de C.V. expusieron su necesidad de recuperar 5 millones de dólares que no habían sido cancelados por empresas del mismo grupo familiar, pero pertenecientes a otra facción de la familia Molina Martínez. Esto explica que a la base del congelamiento de salarios a los trabajadores del Grupo LIDO para el período 2010-2014, están las disputas intestinas entre la Familia Molina Martínez; entre los hijos de Don Raúl Molina Martínez (QDDG) y Manuel Roberto Molina Martínez, quienes se debaten por el control de la marca LIDO y de las empresas que elaboran dichos productos. En estas disputas, las empresas LIDO S.A. de C.V. y la subcontratista FAMOLCAS S.A. de C.V. están bajo el control de la facción familiar que representa a los hijos de Don Roberto Molina Martínez (Miguel Roberto Molina Castillo y Victoria Molina de Londoño). Estos a su vez, para intentar la exclusividad en la explotación de la marca LIDO han demandado a la facción familiar de los hijos/as de Don Raúl Molina Martínez, representados por María Alexandra Molina Llorca quien mantiene el control de las empresas SUPAN S.A. de C.V. y MICROSOL S.A. de C.V., lo cual hasta el momento no han logrado, y con lo cual esta facción familiar también sigue explotando dicha marca a través de varias sucursales y panaderías.

El último episodio de esta disputa familiar es el proceso 27-PC-11- 3CM1 promovido en el mes de julio de 2012, en el cual los representantes de las empresas FAMOLCAS S.A. de C.V. (empresa junto con LIDO S.A. de C.V. bajo control de los hijos de Manuel Roberto) ha demandado a las empresas SUPAN S.A. de C.V. y MICROSOL S.A. de C.V. (bajo control de la hija de don Raúl hijo) ante el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, siempre en disputas acerca del control de la marca LIDO.

Pero mientras la Familia propietaria de la marca LIDO y de las diversas empresas se sumerge en amargas disputas y gastan miles de dólares en demandas y contrademandas; las trabajadoras y trabajadores del Grupo LIDO siguen teniendo salarios indecentes, condiciones deplorables e insalubres y siguen siendo objeto de una subcontratación que ha anquilosado una práctica de pagar salarios diferenciados por el mismo trabajo.

De hecho, en la argumentación desarrollada en la resolución del Juez Tercero de lo Laboral, se puede observar que los testigos aportados por la patronal, lejos de aportar argumentos que favorecieran la disolución de SELSA corroboran lo que el sindicato ha venido denunciando por años. Y esto es que LIDO S.A. de C.V. subcontrata a trabajadoras de FAMOLCAS S.A. de C.V. las pone a labora en la misma planta ubicada en el Boulevard del Ejercito, Soyapango, y les paga menos salarios y les excluye del Contrato Colectivo de Trabajo.

La resolución dice textualmente: las “señoras María Isabel Oporto Jacinto y Maritza Elizabeth Chávez, (…) quienes han manifestado que laboraban para FOMULCA S.A. de C.V. y para la sociedad FAMOLCAS S.A. de C.V. respectivamente, y en el presente caso no se ha establecido la relación o vínculo de estas con la sociedad LIDO S.A. de C.V., empresa últimamente mencionada a la cual pertenece el sindicato demandado, ya que las testigos en las deposiciones antes mencionadas, únicamente mencionan que el vínculo existente entre dichas sociedades es que se encuentran en el mismo espacio físico y la segunda de las testigos en su deposición agrega que cada sociedad tiene el personal asignado y que no obstante expresar la deponente que los jefes de la sociedad LIDO pueden darles órdenes a los de la sociedad FAMOLCAS y viceversa y que ambos personales realizan las mismas labores y que esto le consta porque todo el personal es contratado como servicios varios y que ella se encuentra laborando para la sociedad FAMOLCAS S.A. de C.V.”

Esta resolución judicial es un fuerte respaldo legal, pero también moral a la justeza de la lucha del sindicato SELSA y del sindicato SITIPA (que representa a trabajadores subcontratados de LIDO) ambos miembros de la Federación del Alimento FESTSSABHRA, Federación miembra de CSTS y afiliada internacionalmente a la Unión Internacional de Trabajadores del Alimento UITA. La lucha por la reivindicación de un mejor salario, prestaciones sociales y en general empleos decentes para los trabajadores del grupo LIDO cuenta con una creciente legitimidad a nivel nacional e internacional. Lastimosamente el bienestar y la estabilidad laboral de todos los trabajadores de LIDO, tienen en la obstinación empresarial, y en las amargas disputas internas de la familia Molina Martínez, las principales amenazas, incluso a la sostenibilidad del negocio en Grupo LIDO.

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CONFUERSA es la confederación en donde se han aglutinado la mayoría de organizaciones miembros del Frente Sindical Salvadoreño FSS.

Este Domingo 4 de noviembre de 2012, se conformó en El Salvador, una nueva organización de tercer nivel, se trata de la Confederación CONFUERSA (Confederación de Unidad de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador), una nueva organización salvadoreña que aglutina a más de 24 mil trabajadores y trabajadoras de El Salvador agremiados en 26 sindicatos y 3 federaciones y que surge como una alternativa frente a la dispersión y atomización del movimiento sindical salvadoreño. Con una visión clasista, vinculada a la reivindicación de los intereses de la Clase Trabajadora Salvadoreña y congruente con el compromiso con la promoción y continuidad del cambio social. CONFUERSA fue fundada por las Federaciones FUERSA (Federación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador), FESIPAES (Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas de El Salvador) y FESITRAM (Federación Sindical de Trabajadoras y Trabadores Municipales de El Salvador).

Bajo la consigna: ¿CÓMO SE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA?; ¡CON FUERZA, CON FUERZA, CON LUCHA Y RESISTENCIA! la nueva Confederación es una esperanza más para contar con un instrumento que aporte a las grandes transformaciones que El Salvador necesita y en las cuales la Clase Trabajadora tenga una espacio y lugar fundamental.

Vaya nuestra saludo a la nueva confederación CONFUERSA esperando que junto a otras organizaciones sindicales salvadoreñas consecuentes, contribuya a la construcción de procesos de unidad de las organizaciones sindicales progresistas y clasistas.

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Tags: CONFUERSA

La Casa Sindical es un punto de encuentro al movimiento social, sindical y popular de El Salvador

Desde horas de la noche de ayer domingo 28 de octubre la Casa Sindical de los Trabajadores de El Salvador, también conocida como el local Ex-UNTS ubicado en la 27ª Calle Poniente No 432, ha sido acordonado por la Policía Nacional Civil según cumpliendo ordenes de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta las 10 de la mañana de este lunes 29 de Octubre, los oficiales que dirigen el operativo no han podido decir que tipo de denuncia esta investigando la Fiscalía y se limitan a obstaculizar el acceso al local sindical, argumentando que están tramitando una orden de allanamiento. En la Casa Sindical funcionan los locales de varias organizaciones sindicales salvadoreñas y es un punto de encuentro del movimiento social, sindical y popular del país.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional a estar pendientes de los acontecimientos debido a que podría configurarse un ataque al sindicalismo salvadoreño dependiendo de quienes están detrás de esta acciones en contra de las organizaciones sindicales que funcionan en la Casa Sindical.

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SAN SALVADOR- Se lo preguntaron al secretario Técnico de la Presidencia,Alexander Segovia, en una conferencia de prensa en la que una empresa extranjera anunciaba inversiones en El Salvador: “¿Cómo se va a garantizar que las empresas que vengan no dejen a los trabajadores a la deriva?”.  (Artículo completo CLICK AQUI)

Javier Carles de UNI Americas y el equipo de “Alza tu Voz”

CLICK AQUI PARA OIR: ALZA TU VOZ SABADO13 DE OCTUBRE

Si las empresas son Globales nuestros derechos también deben serlo.

Este es uno de los más recientes y poderosos eslogans del Sindicato UNI Global Union.

UNI Global Union es la voz de 20 millones de trabajadores del sector de servicios del mundo entero. A través de 900 sindicatos afiliados, UNI representa a los trabajadores y las trabajadoras en 150 países y en todas las regiones del mundo. UNI representa a los trabajadores de los sectores de Limpieza y Seguridad; Comercio; Finanzas; Juego; Gráficos y Embalaje; Peluqueros y Esteticistas; Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes; Correos y Logística; Seguro Social; Deporte; Trabajadores Temporales y de Agencias y Turismo.

Su misión es: Desarrollar y reforzar a los sindicatos afiliados y a UNI Global Union con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en los sectores de servicios y afines.?UNI Global Union está trabajando con sus sindicatos miembros para cambiar las reglas del juego en el mercado laboral global. La estrategia “Rompiendo barreras” de UNI es nuestro plan para organizar al personal del sector de servicios a nivel global y garantizar el respeto y la dignidad en el entorno de trabajo global.

Cómo lo hacen: UNI centra su atención en la organización en sindicatos y en la acción política y normativa para crear un mundo mejor para los trabajadores y trabajadoras.?UNI ha firmado 43 Acuerdos Globales con multinacionales para que se reconozcan las normas y los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de estas empresas en África, las Américas, Asia y Pacífico y Europa.

UNI fue creada el 1 de enero de 2000 por la FIET (el sindicato global del sector de empleados privados y de servicios), la Internacional de Comunicaciones, la Federación Gráfica Internacional y la Internacional de los Medios de Comunicación y del Espectáculo.

Con los años los diversos sectores fueron ampliándose, hasta que actualmente se cuentan con 9 sectores  en UNI de los cuales en El Salvador existen organizaciones en el sector eléctrico, correos y telecomunicaciones entre otros.

UNI ha prestado apoyo y coordinación a distintos sindicatos en el país durante los últimos años, el caso más conocido fue la campaña de escribir al gobierno salvadoreño para revertir la decisión de disolver al sindicato de las comunicaciones SITCOM entre abril a junio de 2011. Durante esta jornada, más de 30 mil cartas fueron enviadas apoyando la moción de UNI y en Solidaridad con SITCOM.

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SABADO 6 DE OCTUBRE 2012

Entrevista con Estela Marina Ramírez, Secretaria General de la Federación FUERSA.

El pasado 12 de septiembre 3 organizaciones sindicales que representan a trabajadoras y trabajadores en el sector maquila y en el sector de los call centers, presentaron a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, una reforma a la Ley de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo conocidos como DPA´s.

Desde 1992, muchas empresas textiles y maquilas vienen funcionando bajo este régimen y desde 2003 otras empresas como la atunera Calvo y empresas de Call Centers, han sido incluidas en el mismo régimen, para poder gozar de los beneficios de exenciones de impuestos a la importación de materias primas y del pago de IVA y de otras contribuciones.

Sin embargo, las organizaciones sindicales preocupadas por la creciente práctica de algunas empresas, de incumplir las recomendaciones de las inspecciones y reinspecciones realizadas por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, amparadas en que los montos de las multas por infracciones a la ley laboral son montos económicos muy bajos, han propuesto las reformas debido a que la Ley de Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo, ya contempla la obligatoriedad de respetar los derechos laborales, pero no establece el trámite específico para eliminar los beneficios que ésta otorga a aquellas empresas que no cumplen los derechos laborales y que peor aún,  no subsanan las infracciones a las leyes laborales que las inspecciones y reinspecciones del Ministerior de Trabajo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o de la Superintendencia de Pensiones, determinan que deben ser corregidas.

Cuando se trata de infracciones al derecho de libertad sindical, las empresas se dan el lujo de decir, que prefieren pagar las multas y no cambiar su conducta antisindical.

Creemos fielmente en el Estado de Derecho, y que ninguna persona natural o jurídica puede estar por encima de la Ley. También consideramos que las buenas prácticas empresariales, la libre competencia y la responsabilidad social empresarial, está amenazada si las empresas que no cumplen las leyes, gozan de los mismos beneficios que las que si lo hacen, dado que esto se convierte en una competencia desleal y no promueve la cultura del cumplimiento de las leyes laborales, la cual es tan importante para las relaciones comerciales internacionales.

Las empresas que prefieren pagar multas por sus infracciones, sencillamente son empresas que NO deben gozar de los beneficios que el Estado salvadoreño brinda a través de la Ley de Zonas Francas y DPA´s

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CLICK AQUI PARA OIR ENFOQUE CIUDADANO de este día 20 de septiembre 2012 transmitido por Radio La Klave:

El pasado 12 de septiembre de 2012 los sindicatos SITCOM, STIT y SITRASACOSI miembros de la Federación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (FUERSA) presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa una Reforma a la Ley  de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo (DPA´s) preocupados por la creciente práctica de algunas empresas, de incumplir las recomendaciones de las inspecciones y reinspecciones realizadas por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, amparadas en que los montos de las multas por infracciones a la ley laboral son montos económicos muy bajos, pero también en que pese a que la Ley de Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo, contempla la obligatoriedad de respetar los derechos laborales, no establece el trámite específico para eliminar los beneficios que ésta otorga a aquellas empresas que no las cumplen, o peor aún, que no subsanan las infracciones a las leyes laborales que las inspecciones y reinspecciones del Ministerior de Trabajo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o la Superintendencia de Pensiones, determinan que deben ser corregidas.

Las organizaciones de FUERSA que representan a trabajadores del sector privado en Call Centers, maquilas textiles y electrónicas, consideran que las preferencias arancelarias que como sociedad a través del gobierno se le dan a las empresas al eximirles de impuestos, debe ser correspondida por el respeto irrestricto de las leyes laborales y libertades sindicales. Las cuales si no son cumplidas debe estar claro el procedimiento para que dejen de beneficiarse de estas preferencias ya que ninguna persona natural o jurídica pueda estar por encima de la Ley. También consideran que las buenas prácticas empresariales, la libre competencia y la responsabilidad social empresarial, está amenazada si las empresas que no cumplen las leyes, gozan de los mismos beneficios que las que si lo hacen, dado que esto se convierte en una suerte de competencia desleal y no promueve la cultura del cumplimiento de las leyes laborales, tan importante en las relaciones comerciales internacionales.

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Tags: Federación FUERSA

CLICK AQUI PARA OIR ENTREVISTA con Atilio Jaimes Pérez, Secretario General de SELSA, sindicato que esta bajo la amenaza de la patronal de LIDO S.A. de C.V. quién violentando todos los principios de libertad sindical pretende disolver el sindicato por vía judicial.

Protesta de organizaciones sociales y sindicales el 13 de septiembre, frente a la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, por el aumento al salario mínimo y por el cese del hostigamiento judicial contra el sindicato SELSA por parte de la empresa LIDO S.A. de C.V. afiliado a dicha camara empresarial.

CLICK AQUI Y ESCUCHA: ALZA TU VOZ sabado 25 de agosto

Si eres una persona que ha tenido la experiencia de trabajar en varios call centers del país o tus amigos, compañeros de universidad o familiares lo han hecho, seguro que vas a coincidir que Atento es el que tiene peor calificación por muchas razones, bajos salarios, te animan con horarios flexibles, pero luego empiezan a exigir más y más tiempo extraordinario o no remunerado por la modalidad de horarios partidos, han ido empeorando sus condiciones de trabajo, quitando con los años los bonos, las prestaciones y algunas condiciones que eran de alguna manera un atractivo para trabajar ahí. Muchos se quejan de las condiciones insalubres, monitores viejos, alfombras sucias, audífonos viejos, sucios y en mal estado, en fin, todo eso sin mencionar la política antisindical, de despedir a las personas que intentan hacer o exigir cambios.

Atento tiene para este motivo una estrategia, la abogada Yulissa Magaña, es la encargada de hacer el trabajo sucio, despedir a la gente encerrándoles en su oficina para que no hayan testigos, presionando, chantajeando y amenazando, para pagar lo menos posible de la indemnización o si es posible no pagarles inventando alguna excusa. Cuando los trabajadores o trabajadoras despedidas intentan interponer demandas, los abogados de Atento argumentan que Yulissa no tiene facultad para despedir y que por tanto, no se trató de un despido sino de un abandono de trabajo. Esta trampita ha sido diseñada para evadir al máximo la obligación de pagar los pasivos laborales.

Recientemente, han estado implementando esta estrategia con trabajadores de la cuenta de TACA donde tradicionalmente habían una serie de prestaciones laborales que incluían bonificaciones por ventas que han ido reduciendo, hasta prácticamente desaparecer. El empeoramiento de las condiciones de trabajo lo cual afecta el eficiente servicio a los clientes de TACA ha estado a la base de cada vez más insistentes rumores de que esta aerolínea va a retirarse por el pésimo servicio que brinda ATENTO consecuencia lógica de una mala administración que incluye el maltrato y a la mala remuneración de los operadores. Todo indica que éste podría ser otro fracaso de los gerentes de Atento El Salvador como cuando se retiró US Airways hace 3 años.

En este contexto, las noticias especializadas en negocios han estado reportando que TELEFONICA actual dueña de ATENTO esta tratando de vender un porcentaje de hasta el 40% de las acciones a la empresa BAIN CAPITAL (propiedad del candidato repúblicano a la presidencia de EEUU Mitt Romney). Esta venta, independientemente de los efectos que tenga en la administración de los negocios, traerá con seguridad, que toda la política laboral de Atento en El Salvador y en el mundo, estará en una vitrina producto del proceso electoral estadounidense. Los encargados de Atento, como Morgan y Yulissa pueden tener la plena seguridad que su proceder no pasará desapercibido en esta importante coyuntura.

CLICK PARA ESCUCHAR: ALZA TU VOZ sabado 18 de agosto

La empresa de Pan LIDO S.A. no termina de asombrar con su empecinada actitud contra los trabajadores y trabajadoras salvadoreños.

Luego de mantener un doble estandard por muchos años en el cual ha violentado los principios de igual trabajo por igual salario a partir de crear empresas sub contratistas satélites donde se paga menos por el mismo trabajo y donde han sido despedidos todo aquel trabajador y trabajadora que ha intentado organizarse, la empresa LIDO ahora demuestra sus verdaderas intenciones, cuales son, destruir al sindicato que por más de 50 años ha representado a los trabajadores de la planta Boulevard, argumentando que este se ha dedicado a promover huelgas ilegales.

De esta manera, la familia Molina Martínez propietaria del grupo LIDO, intenta esconder sus propias diferencias, las cuales tienen a los nietos del fundador Don Raúl Molina Cañas, en agrias disputas económicas por montos que ascienden a 5 millones de dólares de supuestas ventas de producto no canceladas por empresas que formaban parte del mismo Grupo LIDO. Hasta hace unos años, eran los hijos del fundador, Roberto Molina Martínez y Raúl Molina Martinez, quines administraron conjuntamente por varias décadas el negocio fundado por su padre, pero una vez fallecido Don Raúl, fueron los sobrinos hijos de Don Roberto; Miguel Roberto Molina, Gerardo Molina y Ana Victoria Molina de Londoño, quienes han asumido las empresas del grupo LIDO, sumiéndolas en una amarga disputa económica con sus primas y primos y asumiendo posturas cada vez más anti sindicales y anti laborales, para  recuperar los fondos que sus parientes se niegan a cancelarles, a partir de congelar las remuneraciones a los trabajadores.

En pocas palabras, la familia Molina Martínez quiere sacar del esfuerzo de los trabajadores del Grupo LIDO, los platos rotos de sus pleitos familiares.

Así las cosas, el objetivo que ha estado desarrollando esta patronal es la coacción de trabajadoras y directivos sindicales, ofreciéndoles prebendas a cambio de renunciar de sus cargos directivos y de ser afiliados del sindicato. Por otra parte, ha intentado abrir engorrosos procesos judiciales para despedir a los lideres de los trabajadores, usando argumentos falsos y sin ningún sustento en la verdad. Y ahora finalmente pretende disolver a SELSA el sindicato titular del Contrato Colectivo, siempre usando trasnochados argumentos sin fundamento legal. Estas medidas han sido apoyadas por acciones bajas como documentos anónimos lanzados en la planta con acusaciones y difamaciones sin fundamento.

Por todas estas razones creemos que LIDO es una empresa que lejos de ser un orgullo nacional, es una vergüenza, y que no merece nuestro apoyo como consumidores.

De LIDO no me olvido por que el patrón es un JODIDO. 

Centro de Estudios y Apoyo Laboral – CEAL-

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Estudiantes de EE.UU. presionan a sus universidades para tomar responsabilidad por las condiciones en que se confecciona la ropa universitaria. La más reciente victoria fue en la Universidad de Texas, universidad que tiene el contrato de ropa deportiva más grande de EE.UU. y del mundo.

El mercado de la ropa para las universidades en los Estados Unidos, es uno de los principales destinos de las prendas que se confecciona en las maquilas de El Salvador y Centroamérica. Es muy común que las trabajadoras de diferentes empresas maquiladoras laboran día con día ropa deportiva para imprimir logos de equipos de futbol americano, baloncesto, béisbol y otros deportes, de muchas universidades en el país del norte, también se imprimen los logos de las universidades, ropa promocionarl, gorras entre otras prendas. Esta ropa es generalmente propiedad de grandes marcas, por ejemplo NIKE, ADIDAS, PUMA, REEBOK, FRUIT OF THE LOOM, JERZEES entre muchas otras.

Por su parte, el movimiento de Estudiantes Unidos contra la Explotación conocido por sus siglas en inglés como U.S.A.S. se fundó hace 15 años, estos estudiantes no solo han apoyado a muchos trabajadores de las grandes universidades de EE.UU. a organizarse sino que empezaron un movimiento para exigir de estas que exigieran a las grandes marcas que debían firmar un código de conducta, que respetaran los derechos laborales y la libertad de asociación de todas aquellas personas que producen ropa universitaria.

Acción de protesta el 16 de Junio 2012 en la Universidad de Ohio State. Estudiantes ocuparon la entrada de la librería de ciencia e ingeniería para protestar por el acuerdo entre la universidad y el equipo “Dallas Cowboys” que no quiere decir en que fábricas produce su ropa.

Para esto USAS usó dos instrumentos, uno fue la exigencia de desclasifiar cuales son las fábricas productoras a todas las marcas que tienen contratos con universidades, y el segundo fue crear una organización de monitoreo y vigilancia de los derechos laborales en esas fábricas. A este organismo se le llamó W.R.C. por sus siglas en inglés que significa, Consorcio de los Derechos de los Trabajadores.

Esto posibilitó una nueva alianza aún más poderosa, la de trabajadores que producen las prendas; y los consumidores en las universidades que son los estudiantes que tienen una agenda laboral y sindical de apoyo a los trabajadores en cualquier parte de la cadena de producción de la ropa universitaria.

Usando acciones creativas, los estudiantes han logrado que las universidades exijan a las grandes marcas desclasificar sus fábricas y someterles a vigilancia independiente para asegurar el respeto a los derechos laborales y la libertad sindical.

Este verano de 2012, 12 estudiantes de USAS están visitando por cerca de 8 semanas diversos países de la región, conociendo las condiciones de trabajo de las fábricas maquiladoras y tratando de establecer alianzas con los trabajadores y trabajadoras de maquila de varios países en donde han visitado.

Estudiantes protestan pero también cabildean con las autoridades universitarias la incorporación de universidades al WRC.

Estas experiencias, apuntan a que serán grandes oportunidades para el movimiento laboral y sindical de estos países a partir de estas nuevas alianzas y estrechas relaciones de cooperación y apoyo mutuo.

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WalMart, es la mayor tienda minorista de supermercados en el mundo. Pero mientras en Estados Unidos, tanto en Delaware como en Arkansas, la multinacional WalMart esta siendo procesada debido a que su división México-Centroamérica (WalMex) gastó solo en México desde 2005 por lo menos 24 millones de dólares en sobornos para evadir requisitos ambientales e instalar sus tiendas con más facilidad; en El Salvador esto pareciera inmutar a pocos, pese a que todo indica que sucedió algo prácticamente idéntico, incluso con la colaboración de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y del mismo Presidente Mauricio Funes. A pesar de algunas protestas y a grandes esfuerzos desde las comunidades aledañas por evitar la construcción de esa tienda, los tractores de WalMart marchan inclementes, deforestando y haciendo terracería en una de las quebradas que recorre de arriba a abajo la falda del volcán de San Salvador y se adentra en las comunidades del municipio de Mejicanos.

Los negocios de WalMart en El Salvador, pertenecen a la división WalMex (WalMart México y Centroamérica). Cerca de 2 mil tiendas de este grupo están ubicadas en México y 900 en Centroamérica. En realidad para la corporación, México y Centroamérica es una sola región de negocios, paradójicamente como ha sido siempre Mesoamérica desde tiempos pre-coloniales. Algunas de sus filiales que pertenecen a WalMart en El Salvador desde 2003 son, las Despensas de Don Juan (originalmente de El Salvador), Hiperpaiz (de Guatemala) y Despensas Familiares (Guatemala y El Salvador), en el resto de la región opera como las tiendas Pali (Costa Rica y Nicaragua). Hasta ahora, WalMart no había construido una tienda propia en El Salvador. Solo se había limitado a comprar tiendas existentes y cambiarles el nombre, o usufructuar su fama y sus clientes.

En México WalMart es considerado el empleador más grande del país con cerca de 240 mil empleos directos. Pero los escándalos que han rodeado a la multinacional son tan grandes como su fama. Estos van desde discriminación, trabajo compulsivo, uso de sindicatos patronales (conocidos allá como organizaciones de protección patronal) hasta la alianza con un pseudo líder de estos grupos, ahora buscado por la Interpol –Ramón Gámez- por crimenes de pedofília, entre algunas de sus víctimas se encuentran niñas que se dedicaban a empacar productos en las cajas de WalMart. Es justo en este país donde surge el escándalo más reciente de la multinacional,  donde desde 2005 habría gastado, al menos 24 millones de dólares, para lograr permisos ambientales para la construcción de sus supermercados. Situación que sin duda salta con implacable semejanza y conexiones, al estilo implementado en el municipio de Mejicanos en El Salvador.

Un cable de la agencia EFE fechado el 24 de abril de 2012, recoge el hecho que “el exconsejero delegado de la división mexicana de WalMart Eduardo Castro-Wright renunció (…) al cargo que mantenía en el consejo de administración de la aseguradora MetLife en medio del escándalo que rodea a la mayor cadena minorista del mundo por presuntos sobornos a las autoridades mexicanas”. La renuncia de este funcionario de alto nivel la multinacional, se ha dado después que el periódico The New York Times publicara el pasado sábado 22 de abril de 2012, que WalMart conocía desde el año 2005 denuncias de “sobornos extendidos” en México por parte de sus gerentes y encargados para obtener permisos de construcción que reñían precisamente con normas ambientales, y que altos ejecutivos de la compañía que dirigía entonces Castro-Wright las encubrieron. Todas estas denuncias, que ahora se ventilan judicialmente en EE.UU. bajo la prohibición de una ley estadounidense que restringe a las compañías de ese país, pagar sobornos o regalías en el extranjero, señalan un patrón de conducta en México y también en Centroamérica.

Ante esto nos preguntamos, ¿no es acaso lo mismo que han hecho en el municipio de Mejicanos?, ¿no podemos llamar soborno o al menos, tráfico de influencias al método como han conseguido los permisos en El Salvador?.